¡No podrá descansar en paz!

Murió por la hemorragia interna causada por los golpes. Yoshie Sato tenía 56 años. El marine norteamericano William Oliver Reese, de 21 años, admitió haberla matado y ahora está bajo arresto. Las autoridades japonesas investigan. Nuevamente indigna el irrespeto de los militares estadounidenses por la vida de ciudadanos en los territorios donde permanecen, con anuencia o no, de los gobiernos. Si Japón —país aliado de Estados Unidos— es escenario de este tipo de horrores, cualquiera puede imaginar lo que viven, en este minuto, naciones como Afganistán o Iraq.
Reesse también le robó a la señora Sato unos 131 dólares, según fuentes oficiales. Le confiscaron durante el arresto la ropa manchada de sangre y el dinero. Aunque esta es la primera vez que Estados Unidos accede a entregar a uno de sus efectivos a las autoridades japonesas ante una acusación formal relacionada con asesinato, muchos dudan que se haga justicia.
Todo ocurrió el martes último en la ciudad de Yokosuka, a 50 kilómetros al sudoeste de Tokio. La señora fue hallada inconsciente en la carretera y murió poco después en el hospital. Analistas aseguran que el caso reavivará el repudio a la presencia militar estadounidense en Japón, cada vez más creciente.

Actualmente permanecen en Japón unos 7 500 efectivos de las Fuerzas Aéreas, 1 500 de Infantería y Marina, y los 17 000 restantes son marines, principalmente en la isla de Okinawa. De acuerdo con estudios sociológicos, son los marines los que más rechazo de los nipones se han ganado. Muchos son jóvenes solteros o asignados sin sus familias, que mantienen una conducta reprochable. “Conducen, beben y se comportan de forma temeraria”, afirma la ONG Movimiento Femenino Antimilitar.
A estos uniformados estadounidenses se atribuyen buena parte de los 5 328 delitos y faltas cometidos por las tropas norteamericanas entre 1972 y diciembre de 2004 en ese archipiélago asiático, de los que se destacan por su gravedad 541 casos de homicidio, violación o atraco.
En septiembre de 1995, tres de ellos violaron a una niña de 12 años. Entonces, por las masivas protestas, se derogó el acuerdo denominado SACO (Comité de Acción Especial sobre Okinawa), que determinó la devolución de 11 instalaciones estadounidenses, incluida Futenma, la base de helicópteros de los marines. Sin embargo, todo fue letra muerta. Tras casi diez años, solo se ha devuelto una instalación menor, y Futenma, con sus 3 500 marines y 150 trabajadores civiles, sigue activa.